La justicia injusta es el mayor escarnio que puede cometer el ser humano

 Lo siento pero no puedo callarme más. Esta ilustrísima magistrada ha colmado el vaso de mi paciencia, si continuara callado nunca me lo perdonaría.

 Los que me siguen saben que tengo muy mala opinión de los jueces, como soy marxista, pienso que todo es economía, o sea, poder y el poder, en contra de la opinión del mejor de mis maestros al respecto, Foucault, no es bueno nunca porque lleva el mal ínsito en su propia naturaleza.

 Los que han vivido, como yo, muchos, muchísimos años, al lado del poder judicial, ayer, a los 85 años, a las 11’30 vestí la toga por última vez, saben la verdad de lo que estoy diciendo. 

 Decía Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre y el puñetero Doctor Angélico que es un ser desfalleciente y yo, como no soy tan fino, digo que no es más que una puñetera mierda.

 Si quieren, les puedo poner a ustedes miles de ejemplos, algunos de ellos muy recientes: Garzón y Elpidio, pero también Ruz, que tardó miles de días en ordenar el registro de la sede del PP, el lugar en el que se cometieron los hechos en el caso Bárcenas, dando lugar a que desaparecieran miles de pruebas y, ahora, asedia con toda celeridad al Barcelona, ¿por qué?, dicen las malas lenguas, que conste que yo las considero así, que porque él es socio del Real Madrid.

 El caso es que la juez Alaya no sé si será del PP pero lo parece. Está violentando todas las normas procesales para cargarse al Psoe que gobierna la comunidad autónoma más grande de España gracias a IU.

 Y para mí, y para el editorialista de El País, que no es sospechoso, creo yo, de marxismo, está cometiendo una serie interminable de canalladas procesales: 1) está procesando a un partido entero, no a unos determinados miembros del mismo, puesto que sostiene que éste elaboraba leyes a propósito para que luego los órganos administrativos de la Comunidad pudieran malversar fondos pùblicos a favor de éste o de los intereses personales de sus miembros; pero eso, sí, pone especialísimo cuidado en dejar fuera de su inquisición, en no imputar precisamente a la cúpula del Psoe, ¿por qué?, porque todos ellos son aforados y entonces tendría que declinar la competencia a favor del Tribunal Supremo que está tan segura ella, como yo, de que no sería tan duro; 2) está exigiendo fianzas increíbles por su cuantía a los imputados, que no pueden huir de España porque tienen toda su vida en Andalucía con el único y exclusivo fin de castigarlos, fundamentando estas cantidades tan exageradas en que es absolutamente cierta la comisión de los delitos, lo que establece la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia.

 Porque piensa exactamente como yo y porque, además, lo expone mejor, incluyo a continuación el editorial de El País, de hoy.

 “Alaya fuerza el proceso

 La juez precondena a una persona del caso de los ERE para justificar medidas contra ella

 Si la juez Mercedes Alaya tiene indicios fundados de que tres cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía cometieron delitos de los que han podido derivarse daños al erario, puede tener sentido fijarles fianzas en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, la juez fuerza los límites de su función instructora al justificar las medidas cautelares en la “probabilidad cierta” de que los tres sean condenados, entre ellos Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía. Alaya toma decisiones en función de una visión prospectiva que roza seriamente el principio de la presunción de inocencia, para sustituirlo por el de una hipotética futura condena.

 Editoriales anteriores

 Procedimiento confuso (11/09/2013)

Avanzar en los ERE (09/06/2013)

La función del juez de instrucción no es juzgar ni adelantar juicios, sino investigar activamente el delito, con el debido cuidado hacia las garantías de los afectados. Sorprende, además, que haya esperado nueve meses para hacerlo, pese a que tiene imputada a Álvarez desde el verano pasado; y lo hace ahora, cuando está pendiente un recurso contra la imputación. Es decir, toma severas medidas cautelares en función de una decisión que no es firme.

 Más allá de los problemas formales, llama la atención el fondo del asunto. El tipo de indicios criminales aducidos por la instructora no se refiere a apropiaciones de dinero, sino a que Magdalena Álvarez y su equipo son los diseñadores del mecanismo empleado para crear el fondo de los ERE, que la juez considera la clave de que se haya podido repartir dinero público sin la debida fiscalización. De ser cierto, sería un asunto en verdad grave. Sin ninguna duda. Pero si el método cuestionado se aplicó entre 2000 y 2011, como sostiene la instructora, no se entiende que reserve su dureza al equipo que estuvo en la Consejería de Economía solo hasta 2004. No ha dictado medidas contra los sucesores de Álvarez, entre ellos José Antonio Griñán, ni contra personas que desempeñaron otros cargos muy relacionados con la administración del fondo de los ERE, y que ahora tienen fuero del Supremo. Si les considera implicados, Alaya está obligada legalmente a inhibirse a favor del alto tribunal, en vez de dar la impresión de haber seleccionado a Magdalena Álvarez como objetivo concreto.

 La juez encamina sus pasos hacia la consideración como delito de todo el procedimiento presupuestario de la Junta de Andalucía, que los diputados del Parlamento andaluz habrían aprobado simplemente porque son ignorantes en la materia —como ella misma sugiere en su auto del 11 de marzo, cuando afirma que la complejidad del lenguaje presupuestario “solo es accesible a expertos”—. Hora es de que la justicia determine con fundamento lo que es delictivo y lo que no lo es; y que fije las responsabilidades pertinentes en un asunto objetivamente tan grave como es la desviación de fondos públicos para fines distintos de los previstos”.

 

Apuntes de derecho procesal penal

Comencemos por el principio que es como está mandado.

El Jefe del Estado, en su alocución, navideña se cuidó muy mucho de asegurar el principio de que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la Ley, y se creyó obligado a ello porque su hija Cristina estaba siendo objeto de indagación judicial con motivo de los presuntos delitos cometidos por se yerno Undargarín.

 Y, en efecto, por la personal actitud de un juez que ha resistido a pie firme todas la presiones imaginables para que no la imputara, la infanta ha tenido que comparecer como imputada ante dicho magistrado.

 Pero la pregunta se me impone inmediatamente: ¿qué es más importante para el país que se impute a una infanta o que se persiga penalmente al Real Madrid?

 La infanta es la mujer de Undargarín y estaba recibiendo un trato desigual respecto a la mujer del otro imputado en el caso Noos, la señora Torres.

 Y la presión sobre la institución judicial ha sido lo suficientemente fuerte para que una fuera tratada igualitariamente con la otra, pero hay ahora mismo, en España otro caso flagrante en el que ante dos situaciones iguales el trato judicial recibido es absolutamente diferente, los fichajes de Neymar y de Bale.

 Ya sé que los seguidores del Real Madrid, RM, van a salir gritando, “eh, que nadie se ha querellado contra Florentino ni contra el RM por el fichaje de Bale mientras que en el caso de Neymar fue precisamente un socio del Barça el que abrió la caja de los truenos”.

 Habría mucho que hablar sobre los motivos reales del tal sr. Cases y sobre si éste no era plenamente consciente de los efectos que iba a tener su apertura de la Caja de Pandora.

Este es un país de una incultura insuperable. Dejando aparte la existencia de ese querellante universal que actúa contra todos aquellos posibles querellados que huelan un poco a progresistas, Manos Limpias, un sindicato sin sindicalistas y sin actividad sindical, resulta que existen, en la propia Ley, que ellos están encargados no sólo a defender sino también a ejecutar, dos órganos de la administración de justicia española que están obligados a actuar de oficio, es decir, sin mediar ninguna clase de excitación de parte, en los delitos de los que tengan conocimiento y que se hayan cometido dentro del territorio de su jurisdicción, los jueces de instrucción y los fiscales.

 O sea que si una vez que el llamado socio del Barça da marcha atrás en su querella, el fiscal dice que naranjas de la China, que a él plín porque duerme en Pikolín, o dicho de otra manera mucho más tecnicojurídica, que una vez iniciada la acción penal, al tener conocimiento de ella, ni él, el fiscal, ni el juez pueden apartarse de la persecución del delito, en virtud de ese principio de persecución o indagación universal de los delitos.

 De modo que para un madridista está muy bien que se persiga ese posible delito de apropiación indebida, de falsedad en documentos públicos y privados, y de defraudación a Hacienda, cometidos con ocasión del fichaje de Neymar, pero, ojo, ni por un momento, se le ocurra a ningún juez ni a ningún fiscal iniciar esas acciones penales a las que se hayan obligados en el caso de tener noticia de la posible comisión de delitos, en el fichaje de Bale, existiendo como existen indicios racionales, aún màs que en el caso Neymar, de que una cosa es lo que dice el RM, 91 millones y otra, la que dice el Totenham, 105,  siendo así que los indicios de la posible comisión de delito eran los mismos en uno y otro caso con la circunstancia agravante de que en el caso de Bale, los millones en cuestión son muchos más y no se sabe de dónde han salido para pagar a tocateja, como exigía el Totennham, siendo como es que no del bolsillo del RM que debe, según el As 500 y pico millones de euros y tiene que pagar todos los meses miles de millones de esta moneda a sus carísimos jugadores. El Ser Superior afirma que esta vez no ha sido Caja  Madrid o sea Bankia la autora del delito pero no dice quién, seguramente porque no puede decir que ha sido el propio ministro de Hacienda o Gallardón, como ya hizo otras muchas  veces, el caso es que es seguro que han sido las arcas del Estado español, o sea todos nosotros, los que hemos corrido con los gastos. Esto es evidente, pero ni el juez Ruz ni el fiscal han considerado conveniente indagar de donde ha salido ese dinero y no sólo podían sino que también debían hacerlo. O sea que, en el caso de Bale, concurre un delito más, ¿prevaricación?

 Como diría un indignado Mourinho, ¿por qué, por qué, por qué, se persigue tan sañudamente a un club y ni siquiera se toca con la más leve de las plumas del ala de un ángel a otro? ¿Porque el Rey, Rajoy, el presidente del TS y del Consejo General del Poder judicial, el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado e incluso el propio el juez instructor, Ruz, son madridistas, y no están dispuestos a perdonar ni a permitir para supuestos y futuros casos que el Barça le quite al RM un fichaje que ya estaba hecho?

 Tonterías-me dicen-, lo que realmente subyace en el fondo de todo este asunto es una clara advertencia a todos los catalanes: si por una cosa tan trivial como el fútbol hemos organizado este follón, imaginad, si sois capaces de hacerlo, la que vamos a montar si intentáis iros de aquí,  donde tanto os queremos.