La estrategia diabólica (II)

 Siempre he dicho que Gallardón es un arribista, o sea, un político empeñado en hacer carrera cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

 De alcalde se propuso y consiguió pasar a la historia municipal de España gastando él sólo en obras, sin duda, faraónicas, más que el resto de todos los municipios españoles.

 Ahora, desde su atalaya del Ministerio de justicia, va a por todas, porque ahí hay mucha tela que cortar pero es muy difícil que los cortes acaben constituyendo un buen traje. 

 Por de pronto, sus colegas de la magistratura, él también pertenece a la carrera, le han puesto la proa porque saben que sólo está haciendo demagogia.

 Veremos:

Si hay una garantía, teóricamente, claro, a los desmanes de la Administración pública, es su fiscalización a través de los procesos administrativos y contencioso-administrativos.

 Consciente de ello, una legislatura del Psoe promulgó una serie de leyes que tendían a poner al alcance de todos los ciudadanos medios para que éstos pudieran impugnar los actos de la Administración.

 Ahora, este sr. ministro ¿de Justicia?, que es listo, muy listo, quizá demasiado listo, pero también el más desaprensivo que nunca ocupara la cartera, ha recurrido sibilinamente a encarecer  la justicia como el medio más simple para cargarse toda la legislación que tenía como función controlar el poder ejecutivo.

 A estos sres. del PP les está resultando muy fácil acabar con lo que se llama Estado de Derecho y cuya vigencia “in eternum” parecía que establecía ese panfleto llamado Constitución.

 Porque, siguiendo los principios de un pensador del que, aparentemente, abominan, han decidido que puesto que todo no es más que puñetera economía, lo mejor y más barato que pueden hacer es subirlo todo, tarifas, tasas y demás, de manera que los que no sean ricos por su casa o por su mangancia, no podrán hacer otras cosa que un lacerante mutis por el foro, que es lo que tal vez lleguen a tiempo de aplicarme a mí en ese disparatado contencioso-administrativo que apenas he iniciado contra el Ayuntamiento de Cartagena por mor de las 16 multas que me ha impuesto por estacionar mi coche en la misma puerta de mi casa teniento como tengo en plena vigencia la licencia de estacionamiento para residentes en dicha zona.

 Si mediante ese chanchullo al que han recurrido para sustituir alevosamente el trámite de urgencia de la ley de Tasas jurisdiccionales que el muy perverso Gallardón, que quiere sustituir a Rajoy, esta asquerosa  ley, que sólo pretende apartar definitivamente del acceso a una sedicente justicia a todos los que no seamos ricos, se aplicara a mi pleito, yo lo tendría que retirar puesto que en él se cumpliría rigurosamente la maldición del gitano que decía pleitos tengas y los ganes, porque si yo consiguiera que la juez me exonerara en su sentencia de pagar los 1.280 euros de multa, si la condena al ayuntamiento no le impusiera las costas, yo tendría que pagar 3.500 euros de tasas por pleitear por lo que, en realidad, yo habría ido a por la lana de ahorrarme los referidos 1.280 de las sanciones y el Gallardón de la puñeta me habría hecho salir trasquilado, pagando 3.500, o sea que habría perdido 2.220 euros de vellón.

 Pues, bien, esto no es sino un simple ejemplo de lo que está haciendo esta gente, que actúa del mismo modo en la educación suprimiendo los gastos de comedor gratuito y haciéndoles pagar a los pobres que no pueden satisfacerlo un tasa por llevarse la comida desde casa en una tartera, porque así lo ha querido el siniestro Wert.

 O pagarse la mayoría de las medicinas los jubilados, que estaban exentos y que tanto lo necesitan porque a su edad lo único que tienen son enfermedades y, como propina, Anita Jaguar Mato los castigará con lo del euro por receta.

 En fin, que utilizando sólo la economía, esta gente va a acabar con todos nosotros, los que no somos ellos, o sea, del PP.

 Pero lo aceptaremos con resignación más que cristiana porque esto es lo que ha querido la mayoría del pueblo español que siempre se ha distinguido por su soberana inteligencia.