Desconcertado

 

 Confieso paladinamente que estoy absolutamente desconcertado.

 He invertido casi toda mi vida en hacerme una cosmología y de pronto, ésta se me ha derribado estrepitosamente.

 Para mí, el mundo existe porque es precisamente el obstáculo con el que tengo que luchar cotidianamente.

 Y, como buen aprendiz de filósofo, he intentado descubrir cómo es y cómo funciona para poder sobrevivir con cierta dignidad.

 La primera de las normas de su funcionamiento es el materialismo más riguroso. Decía Goethe: todo es luz, Wittgestein: todo es una estructura gramatical, una puta proposición, pero a mi el que me convenció realmente es el jodido Marx: todo es economía, incluso la puñetera materia, materialismo dialéctico.

 De estas manera y bajo estas premisas, fui construyendo mi mundo y su propia explicación, o sea una cosmología.

 El mundo, todo el universo, es de un materialismo repugnante. Todo se mueve bajo el impulso eminentemente materialista de la propia economía, pero esto que, como digo, resulta excesivamente repugnante ha obligado a los filósofos espiritualistas, la inmensa mayoría, a formular una serie de cosmogonías no sólo radicalmente falsas sino incluso extravagantes.

 Releyendo el párrafo que acabo de escribir, me acomete el temor de que las mayoría de los que me lean crean que mi concepto de la economía es el corriente: la economía sólo hace referencia al capital y al trabajo, a la producción y al consumo.

 Para mi, esta palabra, economía, proviene de equo: igual y nomos: norma, ley. La economía es, para mi, el esfuerzo del hombre y de la naturaleza para funcionar bajo el imperio de normas iguales, quizá fuera mejor decir igualitarias.

 Y norma es aquel precepto que obliga a realizar la justicia, siendo la justicia, la rectitud, y lo recto, ya se sabe, es el camino más corto.

 De esta manera, el concepto corriente de economía es excesivamente restrictivo puesto que lo encierra en el campo de la función productora de bienes y servicios y de su consumo.

 Y todo esto a propósito del juez Rus.

 Lo que esta sucediendo con este juez en España es lo que me ha desconcertado.

 Mi cosmología judicial se ha venido a bajo de golpe.

 He empleado decenas de artículos intentando demostrar que el judicial es un universo cerrado y hermético, creado y mantenido para hacer aún más fuerte el dominio de los fuertes sobre los débiles.

 Y esto, después de haber hecho lo mismo respecto al mundo general, lo que hemos dado en llamar la sociedad.

 Desde que el grupo humano dio en organizarse colectivamente se entabló una lucha a muerte respecto a su propio dominio, produciéndose al efecto esa rotación de las formas de gobierno que tan bien describiera nuestro maestro Aristóteles.

 Aquí también funciona a rajatabla la norma económica: todo se organiza automáticamente, espontáneamente, como en el resto de la naturaleza, para que lo más fuerte prevalezca.

 Y parece que luchar contra esta situación universal es una tarea inútil, como nos muestra el suplicio de Sísifo, si bien de vez en cuando se produce el advenimiento de un prometeo.

 Pero estaba hablando no sólo de España sino también de la jurisdicción española.

 Sería estúpido siquiera pensar que el poder creara la jurisdicción para implantar la justicia puesto que eso sería arrojar piedras sobre su propio tejado.

 La invención de la teoría jurídica y de todo esa parafernalia, todo ese aparato con la que se la rodea sólo es una coartada: es como la religión: se trata de conformar pacíficamente a los ciudadanos haciéndoles creer que ellos realmente pintan algo.

Vengo sosteniendo que, en España, la justicia no es que sea conservadora sino simplemente fascista.

 El fascismo es una ideología totalitaria en la que todo se subordina al interés del Estado y el Estado no es sino la creación teórica de una pensadores mercenarios que lo vendieron todo al mejor postor, pensadores realmente eficientes cuyo último engaño ha sido afirmar que el Estado es el enemigo de los poderosos cuando realmente, como acabamos de decir, es su creación. Pero éste es ciertamente otro tema.

 Estaba diciendo que la justicia española es fascista y, ojo, que éste sólo es un atributo científico, pero es lo cierto que todo se subordina al interés del Estado y éste se confunde férreamente con el del partido que gobierna.

 El caso es que mientras se masacra al juez Elpidio José Silva, al que, si se descuida, meterán en un psiquiátrico, es una manera de hablar, por atreverse con uno de los mejores amigos de Aznar, aparentemente se está tolerando que el juez Ruz haga lo que quiera: decretar la prisión de Bárcenas, lo que teóricamente le obligaría a hablar.

 Y esto es lo que me desconcierta: si Bárcenas habla y dice lo que todos pensamos, el partido que gobierna y el propio gobierno saltaría por los aires en un país normal.

 Entonces, ¿por qué no se le han parado los pies al juez Ruz y sí se ha hecho con el juez Silva?

 

4 comentarios en “Desconcertado

  1. Maduro pone verde a la Trotona:
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a arremeter este jueves en Bolivia contra su homólogo de España, Mariano Rajoy, a quien tildó de “indigno” y “abusador” porque, según dijo, su país pretendió revisar el avión del gobernante boliviano Evo Morales. “El día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español”, advirtió el gobernante venezolano.

  2. El materialismo y la economía no lo explican todo. ¿Dónde están los sentimientos y las emociones? ¿En casa? ¿Apolillandose en algún almario? O es que no existen el miedo, la compasión, los celos, la duda,el deseo, la cobardía, la irritación, la angustia, etc….

  3. Estos se apuntan a la moda….

    ¿Nos espía Rajoy? El Gobierno escruta sin control judicial llamadas y correos electrónicos
    http://www.elconfidencial.com/espana/2013/07/05/nos-espia-rajoy-el-gobierno-escruta-sin-control-judicial-llamadas-y-correos-electronicos-124355/

    ¿Dispone el Gobierno de las herramientas tecnológicas necesarias para espiar nuestras comunicaciones? ¿Puede Mariano Rajoy emular a Barack Obama o David Cameron y pisotear impunemente derechos fundamentales protegidos por la Constitución? La respuesta unánime de los expertos consultados por El Confidencial es un rotundo sí.

    La herramienta se llama Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), un proyecto que el Ejecutivo de José María Aznar puso en marcha en 2001 -siendo Rajoy ministro del Interior-, que José Luis Rodríguez Zapatero utilizó masivamente y que ahora el PP, de nuevo, usa supuestamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado, pero que puede ser también empleado para escrutar de forma indiscriminada, aprovechando un clamoroso vacío legislativo, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

    El SITEL es un avanzado sistema electrónico que permite interceptar y grabar en tiempo real cualquier conversación telefónica, correo electrónico o mensaje de móvil, además de almacenar en formato digital todos los datos de esas comunicaciones para su posterior análisis. El programa lo controla el Ministerio del Interior, lo utilizan indistintamente la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Centro Nacional de Inteligencia, y su aplicación requiere de la imprescindible -y obligada- colaboración de las operadoras privadas.

    ¿Tienen las Fuerzas de Seguridad y los servicios secretos del Estado cobertura legal para pinchar teléfonos y correos electrónicos a través de SITEL? En teoría, sólo si cuentan con autorización judicial. Pero las leyes que regulan en España la intervención de las comunicaciones privadas son, según los mismos expertos, un auténtico coladero que permite eludir fácilmente el escrutinio de los jueces.

    Nuestros vecinos franceses se dieron ayer de bruces contra esa misma realidad, cuando se desayunaron con una información del prestigioso diario Le Monde según la cual el Gobierno de François Hollande dispone de un sistema de espionaje que controla diariamente millones de llamadas telefónicas, emails y mensajes de móvil bajo el paraguas de un marco legal muy difuso.

    Restricción de derechos fundamentales

    El primer agujero de la legislación española salta a la vista de cualquier jurista: la restricción de derechos y libertades fundamentales, como el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales, tiene que ser regulada mediante una ley orgánica, es decir, con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, tal y como señala la Constitución. Pero el endeble entramado legal que sostiene la intervención de las comunicaciones incumple flagrantemente ese precepto de la Carta Magna.

    La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 -y el reglamento posterior que la desarrolla, aprobado en 2005- y la Ley de Conservación de los Datos de las Comunicaciones Electrónicas, que entró en vigor en 2007, no tienen ese rango normativo: son leyes ordinarias, que requieren de una mayoría simple del Parlamento para su aprobación.

    En la legislatura anterior, cuando Rajoy aún era líder de la oposición, el PP tachó repetidamente de “ilegal” e “inconstitucional” el programa SITEL porque, a su juicio, permitía sortear fácilmente esa legislación. El entonces responsable de Comunicación del partido, Esteban González Pons, llegó a acusar a Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese momento ministro del Interior, de “controlar la intimidad de los españoles”. Pero desde que llegaron a La Moncloa, en 2011, los populares no han movido un dedo para corregir esas lagunas.

    La legislación actualmente en vigor obliga al control judicial de la interceptación de las comunicaciones. Pero esa normativa encierra en sí misma varios atajos para poder burlarla. Y de hecho es burlada frecuentemente, según aseguran los expertos consultados por este diario, que han exigido el anonimato. Todos salvo el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Torres Muro, que asegura disponer de información de que “la violación de esos derechos fundamentales es algo más que un temor”, y la abogada Ofelia Tejerina, experta en tecnologías de la información y asesora legal de la Asociación de Internautas.

    Fuera de control

    Según Tejerina, la ley permite a los llamados agentes facultados -policías, guardias civiles y espías del CNI- exigir a las operadoras de telefonía, “con carácter previo a la autorización judicial, información sobre la identidad de las personas que se comunican, sus números de DNI o de pasaporte, la hora, la fecha, el lugar de origen de las llamadas y el de destino… Y todo ello antes de que intervenga el juez, lo que deja fuera de control una parte importante del proceso de interceptación y colisiona con el derecho fundamental a la protección de datos personales”.

    Son precisamente esos datos asociados a las comunicaciones privadas o metadatos los que, según revelaba ayer Le Monde, recopilan masivamente las autoridades francesas a espaldas de los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de saber “quién contacta a quién, recolectando los datos de las llamadas de millones de abonados, identificando a los interlocutores, el lugar, la fecha, la duración del mensaje. Y lo mismo con los correos electrónicos o los SMS, y toda actividad que pase por Google, Facebook, Yahoo…”, añadía el diario parisino.

    Para tratar de frenar ese caos y llenar en parte el vacío jurídico, la Fiscalía General del Estado dictó el pasado mes de enero la circular 1/2013 sobre Pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas, que dedica un amplio apartado al programa SITEL. Pero la gran complejidad de las recomendaciones contenidas en esa circular, unida a la “falta de formación de jueces y fiscales en esa tecnología”, como señala Tejerina, hacen que las intenciones de la Fiscalía, probablemente, queden atrapadas entre los tentáculos del Gran Hermano.

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