De un encomiable intento de equiparar la justicia penal española a la de los países de nuestro entorno.

   El ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo

 “Fernando Mora dijo…
O.T.

¿qué opinas sobre el tema? ¿crees que va a suponer algún beneficio o sólo va a servir para politizar un poco más?


abrazos,

5 de julio de 2011 23:32″.

Es metafísicamente imposible que el mejor amigo que tengo por estas latitudes sea plenamente consciente de la envergadura de la tarea que me pide, ahí es nada, un juicio, una opinión sobre el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal  que el partido en el gobierno va a llevar a las Cortes.

Y la dificultad de formarse una opinión sobre el tema es tanto más grande cuando la tarea no sólo es gigantesca por su tamaño sino casi imposible por la dificultad que implica el cambio de postura absolutamente esencial en cuanto al sujeto activo y a la forma de llevar a cabo la instrucción del procedimiento.

No es fruto de la inercia histórica el hecho de que las leyes importantes, decisivas en orden a los procedimientos judiciales, hayan permanecido casi intangibles en larguísimos períodos históricos, a pesar de haberse sucedido en el poder político personas y personajes tan distintos como Franco y Zapatero.

Involuntariamente, una serie de circunstancias históricas me obligaron a ser uno de los actores que motivaron la modificación de unos artículos de la Ley de enjuiciamiento civil actualmente vigente en España.

A la sazón, yo era Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Cartagena, el único de toda España que con sentido histórico era consciente de que la modificación legal que pretendía el PP, entonces en el gobierno, implicaba ni más ni menos que la eliminación del status que entonces teníamos y representaba la anulación total de la imprescindible libertad que la actuación de los procuradores en el proceso civil tenían entonces. No voy a profundizar más en este asunto porque ya está, legalmente, absolutamente cerrado y no viene al caso.

Sí que quiero escribir algo sobre lo que se pretende con ese proyecto de ley que está pendiente de acceder al Congreso. La modificación que en él se propone es tan grande que a mí, así, desde fuera y sin el más mínimo conocimiento del futuro texto legal, me sobrecoge.

Porque me ha parecido entender que, de principio, se trata de sustraer de las manos de los jueces, la instrucción del proceso penal para situarla en las manos de los fiscales.

La revolución es, pues, más que copernicana. Se trata, ni más ni menos, que de sustraer de un elemento imparcial del proceso, los jueces,  la dirección de todo el sistema productivo que lo conforma en orden a la preconstitución de la prueba de los hechos del asunto, y entregársela precisamente a una de l as partes activas del mismo.

Escrito así, con esta aparente sencillez, la importancia del asunto escapa necesariamente a la comprensión de todo el que no haya perdido los mejores años de su vida no sólo  estudiando Derecho sino también, luego, intentando llevarlo a la práctica.

El proceso judicial es necesariamente de una rigidez extraordinaria en las formas, tanta que la mayor parte de los recursos  que en él se admiten no tienen otra misión que subsanar los defectos de procedimiento que en él también se producen, ya que todos los actos que se realizan dentro de un procedimiento como es el judicial han de estar rigurosamente ordenados de tal manera que no se puedan dar desviaciones porque, si hay algo cierto en el mundo judicial, es que el fondo y la forma se hallan imbricados de tal manera que no sabe bien dónde termina uno y comienza la otra.

 Una modificación consistente en arrancar de las manos de los jueces la instrucción, o sea, la confección material del proceso, para entregársela a otro actor que, era hasta este momento absolutamente secundario, es tan importante que creo que si la reforma logra llevarse al fin, a cabo, lo que dudo seriamente porque implica una modificación esencial del llamado hasta ahora poder judicial, a la que se opondrá este estamento con todas sus fuerzas, huelgas judiciales incluidas,estaríamos en la necesidad de admitir que el poder jurisdiccional si no había cambiado totalmente de manos habría pasado a ser compartido entre jueces y fiscales, porque la instrucción del procedimiento, como el planteamiento de un problema matemático o un razonamiento lógicofilosófico predetermina forzosamente el resultado de los mismos.

Pero, intentando responder a la cuestión concreta que tú me propones, te diré que creo en la sinceridad y honestidad del actual ministro de justicia, que si se ha planteado una tarea semejante, es porque la considera absolutamente necesaria ya que la actual situación de la justicia española es un auténtico desastre como todos los españoles podemos comprobar prácticamente todos los días.

Un comentario en “De un encomiable intento de equiparar la justicia penal española a la de los países de nuestro entorno.

  1. Gracias José. También por el análisis que realizas de la cuestión. Por supuesto que no voy a emitir ningún juicio sobre el asunto. Tan sólo apuntar que el ministro Caamaño también a mí me parece un buen tipo.Un abrazo,

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